Las controvertidas declaraciones de Juan Rosell sobre los servicios públicos de empleo y sus trabajadores han despertado la indignación de los funcionarios. El presidente de la CEOE aseguró este viernes en declaraciones a Onda Cero que los empleados del antiguo Inem deberían recibir cursos de formación durante dos o tres años, incluso a costa de paralizar los servicios públicos de empleo durante ese tiempo, para que “aprendan” cómo pueden ayudar a los parados.
La insinuación de Rosell de que los funcionarios de los servicios públicos de Empleo no están preparados para hacer bien su trabajo no sentó nada bien al sindicato de funcionarios CSIF, que pidió al presidente de la patronal que deje de insultar a los empleados públicos
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Pero, ¿están realmente preparados los funcionarios?
- El problema de la ineficacia de los servicios públicos de empleo -tan sólo colocan al 1,7% de los parados- no se debe a la falta de preparación de los funcionarios, aunque por supuesto todo es mejorable; sino a su funcionamiento interno. El personal se dedica principalmente a gestionar prestaciones y subsidios y no realiza una verdadera laboral de orientación profesional. Es decir, no hacen un acompañamiento personalizado del parado para que éste consiga trabajo lo más pronto posible como sí ocurre en otros países de nuestro entorno como Reino Unido o Alemania.
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Se puede decir, por tanto, como apunta Rosell, que los servicios de empleo público “no funcionan”.
- Desde luego están lejos de ofrecer un servicio eficaz en lo relativo a la colocación de los parados. Sí funcionan, por el contrario, en la gestión de las prestaciones y en el control de los demandantes de empleo; pero se deberían reformar para que se conviertan en un instrumento de ayuda para los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo.
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¿Qué proponen los distintos partidos políticos?
- Desde el PSOE denuncian que la política de recortes del Gobierno del PP ha supuesto el desmantelamiento efectivo de los servicios públicos de empleo y que el gasto medio haya pasado de 1.300 euros por parado al año a 700 euros. Cifras que nos sitúan muy lejos de otros países europeos que destinan más de 3.000 euros por desempleado al año. ara revertir esta situación plantean: duplicar las inversiones en políticas activas de empleo, exigiendo una evaluación de su eficacia; mejorar la coordinación entre el servicio estatal de empleo y los autonómicos, y crear una agencia pública de empleo, que gestione mejor y de forma más ágil los recursos del sistema, garantizando una atención única e integral a cada desempleado con un itinerario personalizado de inserción. Podemos, por su parte, considera imprescindible incrementar los recursos de los servicios públicos de empleo para formar a sus profesionales e incrementar también su número. Desde Ciudadanos apuestan por la creación de una Agencia Independiente de Políticas de Empleo con autonomía y competencias suficientes para ayudar a los desempleados, evaluar las políticas de empleo y distribuir mejor los recursos, de tal manera que los parados reciban una atención más personalizada. Y en Izquierda Unida recuerdan que cada funcionario tiene que encargarse de 440 parados, lo que imposibilita un seguimiento real, por lo que se muestran partidarios de apostar más por los servicios públicos incrementando sus recursos.
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¿Qué estrategia plantea el Gobierno para mejorar su eficacia?
- Durante la pasada legislatura, el departamento que dirige Fátima Báñez puso en marcha la colaboración público-privada entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación en materia de intermediación laboral. Se trataba de que el sector privado ayudara a la Administración a colocar a aquellos parados con más dificultades de inserción laboral. Este sistema, que funciona con éxito en otros países de nuestro entorno, todavía está en una fase muy incipiente en España y su puesta en marcha no ha estado exenta de críticas. El Ejecutivo pretende, no obstante, seguir avanzando en esta colaboración en los próximos años.
