La Comisión Federal de Comercio estadounidense ha anunciado que obligará a los fabricantes de estos productos a indicar que “no están basados en métodos científicos modernos”. Esta etiqueta supone un ataque a la que algunos consideran una pseudomedicina pero que aun así genera, sólo en el país norteamericano, un negocio de más de 1.200 millones de dólares anuales.

También la Administración de Alimentos y Medicamentos ha decidido tomar cartas en el asunto y empezará a revisar todos los productos homeopáticos, desde su composición hasta su distribución, pasando por su fabricación.

Bajo la sospecha de la OMS

Aunque en los últimos años tanto en Estados Unidos como en España los productos alternativos han gozado de una gran popularidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) siempre ha mostrado su reticencia sobre los beneficios que puede aportar, especialmente si se comparan con los que aporta la medicina tradicional.

Diferentes países ya han realizado sus pertinentes estudios para saber cómo los productos alternativos actúan con enfermedades graves como la malaria o el sida, siendo los resultados “ineficaces” para países como el Reino Unido, Australia o Suiza.

En un informe realizado por la sociedad de Investigación para la Transparencia del Mercado declaró que durante 2015 la homeopatía movió 3.867 millones de dólares y se espera que si sigue este crecimiento, a final de 2024 el volumen de negocio alcance los 17.486 millones de dólares, un crecimiento total de 18,2

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En los diez primeros meses del año España recibió 67,5 millones de turistas extranjeros, una cifra muy parecida al que se registró durante todo el 2014, que fueron 68,1 millones de turistas. Esto supone un incremento del 10,2 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, tal y como lo ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística.

Entre los países que prefieren visitarnos se encuentra en primera posición el Reino Unido, del que se han recibido 16,1 millones de turistas, lo que supone un 11 por ciento más que el año pasado. Le siguen Francia con 10,23 millones, con lo que supone un 12,2 por ciento más y Alemania, con 10,19 millones de turistas. El mayor incremento interanual lo ha recogido Irlanda, que durante los últimos doce meses ha subido un 22 por ciento.

El turismo por comunidades y comportamientos

Durante 2016 la comunidad que más turistas ha recibido ha sido Catalunya, que con sus 16 millones de visitantes es la indiscutible número de uno de la lista. Le siguen Baleares, que ha experimentado una subida de un 11,9 por ciento de visitantes y acumulando 12,6 millones de turistas y las Canarias, que cuenta con 10,9 millones de visitas.

La mayor subida la registró la Comunitat Valenciana, que acogió algo más de siete millones de visitantes, convirtiéndola en una de las regiones favoritas para el turista.

En general, el turista medio pasa de cuatro a siete noches en España y suelen optar por alojamiento de pago. Además el principal motivo por el que se visita el país es el ocio y las vacaciones, mientras que sólo un 9,6 por ciento lo hicieron por motivos de negocio.

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La gala contó con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y representantes y altos cargos de la CEOE, CEAT, Cámara de Comercio e IFEMA.

Entre los galardonados estuvo la empresa Idai Nature que recibió el premio a la Pyme del Año por el desarrollo, fabricación y comercialización de productos respetuosos con el medio ambiente. Otros de los premios fueron el de la pyme creación de empleo a Habitissimo, al proyecto emprendedor a Eccofreight Transport, el de la pyme a la inclusión laboral de personas con discapacidad  a Dans le noir?, la pyme por la igualdad a JP Media y al autónomo del año a La tienda de Extremadura.

Además durante el evento se le otorgó un premio especial a la trayectoria empresarial al empresario teatral Enrique Cornejo.

Unos premios con intención de crecer

Esta tercera edición de los premios ha contado con el patrocinio del Banco Santander y la colaboración de instituciones y empresas como Inserta-Fundación Once, Facebook, Randstad, My Taxi, UPS, Visa, grupo Vocento, TPI o Peugot.

El CEO del Santander, Rami Aboukhir, en representación de los patrocinadores apuntó que hay que seguir apostando por la reactivación económica y las reformas estructurales.

La gala fue clausurada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que volvió a destacar que España es un gran país en el que los empresarios juegan un papel primordial para el desarrollo del Estado. Asimismo el presidente señaló que su Gobierno ya ha emprendido reformas para facilitar el  papel del empresario y se comprometió a mantenerlas y reforzarlas.

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El despilfarro de comida no tiene coto en España

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Camps de Gispert, junto con otros tres socios, decidió apostar por este modelo de negocio tras ver que en otros países —sobre todo en el norte de Europa— existían iniciativas similares que habían tenido éxito. El sistema es sencillo: Goodafter compra la mercancía directamente a los fabricantes y la guarda en su almacén antes de llevarla al domicilio del cliente. Su oferta comercial, que no incluye productos frescos, está compuesta por unas 450 referencias divididas en ocho categorías. Los pedidos que se realicen antes del mediodía llegan en 48 horas; si superan los 49 euros son gratuitos, si son inferiores tienen un coste adicional de envío de 4,95 euros. “Los descuentos suelen estar relacionados con el plazo que le queda al producto o la temporada, pero es fácil conseguir un descuento del 50% sin prestar demasiada atención a lo que se echa en el carrito”, asegura la emprendedora.

La filosofía de la empresa, sin embargo, no se limita a luchar contra el desperdicio. “También tenemos la misión de desmitificar los plazos de consumo”, continua Camps de Gispert, “porque no son lo mismo la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente”.

Roberto Ortuño, director de Asistencia Tecnológica, Servicios Analíticos e Industriales de AINIA Centro Tecnológico, explica que la fecha de caducidad indica el momento a partir del cual ya no es seguro para la salud consumir un determinado tipo de alimento. “El consumo preferente, por otro lado, indica que a partir de una cierta fecha alguna característica organoléptica del producto, como el color o el aroma, difiere de la original”, abunda el experto, “pero no hay ningún riesgo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, siempre que se consume en un plazo prudencial”.

En un país donde cada hogar tira 76 kilos de comida al año —el equivalente a casi 1,5 millones de toneladas en el conjunto—, iniciativas como Goodafter son un pequeño grano de arena. Según las estimaciones de la Comisión Europea, España es el séptimo país europeo que más comida desperdicia (7,7 millones de toneladas), y los hogares son los principales responsables del derroche (culpables del 42% del total), seguidos por la industria (39%), la restauración (14%) y la distribución (5%).

Carlos Ballesteros, profesor del Departamento de Marketing y director de la Consultoría Social Empresarial Comillas ICADE, achaca el elevado desperdicio doméstico a una serie de razones entre las que destaca la falta de visibilidad. “España no ve cuánto dinero tira a la basura; si a lo mejor se monetizaran esos 76 kilos al año nos preocuparíamos más porque nos dolería el bolsillo”, sugiere. Pero si no sabemos de dónde viene y adónde va la comida, es complicado avanzar, mantiene el docente. “Es como si el yogur que compro naciera directamente en el lineal del supermercado, porque no sé cómo se hace ni cómo muere”, comenta. “Somos una sociedad urbana, ya no hacemos ni vemos la matanza del animal, la carne solo la vemos envasada en la bandeja de poliespán”.

A la búsqueda del ‘smart shopper’
Camps de Gispert asegura que en Goodafter quieren “luchar contra el desperdicio por diferentes lados”. “También vendemos líneas obsoletas o descontinuadas, como pueden ser envases antiguos de champú que se han quitado de los lineales porque el fabricante ha lanzado una nueva línea; los fabricantes siempre tienen unos excedentes con los que nos quedamos”, enumera, “o productos que ya no son de temporada, por ejemplo un Papá Noel de chocolate en enero; lo importante es que el consumidor siempre sepa por qué está comprando con descuento”. Justo por esta razón entran y salen nuevos productos continuamente, y es fácil que cuando un lote se acaba ya no se vuelva a encontrar nunca más en la oferta del supermercado.

Fuente: El País

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Cómo blindar nuestro móvil de manos ajenas

“Facebook y Apple podrán tener el control que la KGB nunca tuvo sobre los ciudadanos”
La autoría del programa, según la investigación, pertenece a la empresa china Adups. Tom Karygiannis de Kryptowire insiste en que no se trata de un error o una brecha, sino de un programa creado deliberadamente para espiar. A través de un mensaje aclara que la finalidad puede ser el espionaje de estado o la venta de anuncios, pero en ambos casos se realizaría sin consentimiento del comprador del móvil.

The New York Times ha sido el primer medio en hacerse eco de esta violación de privacidad y apunta que Adupsasegura contar con 700 millones de móviles con su programa instalado. En la mayor parte de los casos se trataría de teléfonos de bajo coste. El principal fabricante involucrado es Blu, con más de 120.000 terminales afectados, que ha procedido a quitar el programa. “Blu ha identificado y quitado rápidamente un problema de seguridad creado por una aplicación de un tercero que recolectaba datos personales como mensajes de texto, registro de llamadas y contactos de clientes en un número concreto de móviles de Blu”, declara en un comunicado en su web. Los modelos afectados son R1 HD, Energy X Plus 2., Studio Touch, Advance 4.0 L2 y Neo XL.

Entre los posibles fabricantes sospechosos se encuentran ZTE y Huawei, ambos emergentes y cada vez con más interés en el mercado occidental. Ninguno de los dos ha contestado todavía a la petición de información por parte de EL PAíS.

El principal fabricante involucrado es Blu, con más de 120.000 terminales afectados, que ha procedido a quitar el programa
El experto mexicano Rafael Bucio, director general de tpx, comenta que grandes compañías han creado de una u otra forma puertas traseras o software instalado desde fábrica para obtener información privada de los usuarios con el fin de determinar gustos y necesidades o vender un producto. Pone como ejemplo el caso de Lenovo, también de origen chino. En 2015 fabricó una serie de portátiles que venían con adware (software publicitario) preinstalado que desplegaba anuncios en los navegadores sin pedir permiso al comprador.

En 2013 sucedió algo parecido con HTC, pero en este caso se consideró un fallo y no algo cuya inclusión fue deliberada.

Salvador Mendoza, hacker mexicano reconocido por sus demostraciones en conferencias mostrando vulnerabilidades en móviles, es cauto con respecto a la autoría y finalidad de este software espía. “Aunque se diga que los datos estaban dirigidos hacia un servidor de China, no se les puede adjudicar a ellos hasta que no haya una investigación. Es precipitado y podría generar más confusión”, matiza.

Fuente: El País

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La reacción, que también incluye urbes como Filadelfia, Seattle, Minneapolis, y Providence, pone de manifiesto la división en EEUU, donde los republicanos de Donald Trump ganan sistemáticamente en las zonas rurales, mientras que las grandes ciudades son territorio demócrata. En total, unos 300 núcleos urbanos de EEUU, son lo que se conoce como ciudades santuario, es decir, territorios en los que las autoridades locales no destinan recursos económicos ni humanos a perseguir la inmigración ilegal. Todas las grandes ciudades de EEUU son demócratas, mientras que las zonas rurales son republicanas.

Aunque varía en cada caso, en una ciudad santuario las fuerzas del orden, como mínimo, no pueden preguntar a nadie por su estatus inmigratorio si no tienen “una sospecha razonable” de que esa persona haya cometido un delito o haya sido expulsada del país y haya regresado. En esos casos, la aplicación de las normas de inmigración del Gobierno federal queda para las autoridades que dependen directamente de Washington o del estado en cuestión.

En un país tremendamente descentralizado como EEUU, esa situación es el escenario perfecto para una serie interminable de conflictos jurisdiccionales y legales. Por poner un ejemplo, la legalización de la marihuana a escala local, primero, y estatal, después, provocó infinitos incidentes en California durante la presidencia de George W. Bush. Ahora, se transforma en el arresto de dos o tres millones de ‘sin papeles’ que exigirá redadas masivas en barriadas enteras, romperán familias y crearán todo tipo de alteraciones del orden público.

Choque de autoridades
La disputa tiene un componente casi hasta de choque de personalidades. Los alcaldes, ‘sheriffs’, y jefes de policía tienen en EEUU un poder inmenso, y reciben una exposición mediática mucho mayor que en España. De hecho, si hay un político en EEUU que pueda competir con Trump a la hora de crear división y actuar con arrogancia es el alcalde de la tercera mayor ciudad del país, Chicago, Rahm, Emanuel. Y ha sido Emanuel quien, precisamente, ha encabezado la resistencia a los planes de Trump. “Estáis a salvo en Chicago, estáis seguros en Chicago, y tenéis el apoyo de Chicago”, dijo Emanuel el lunes, en un acto cuidadosamente coreografiado, rodeado de activistas pro inmigración, congresistas, y representantes de minorías étnicas.

Emanuel no está solo. El alcalde de Seattle, Ed Murray, fue el primero en rebelarse. Lo hizo el día siguiente a la victoria de Trump, en un discurso en el que calificó a los inmigrantes con o sin papeles de “nuestros vecinos”, y declaró que “lo único que un estadounidense puede hacer” es no cumplir las órdenes de Trump. El jueves, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que “no vamos a sacrificar a medio millón de personas que viven entre nosotros, que son parte de nuestra comunidad”. Y el lunes, el jefe de la policía de Los Angeles, Charlie Beck, dijo que “no vamos a colaborar” con el Gobierno federal “en operaciones de deportación. No es nuestro trabajo, y yo no voy a convertir eso en nuestro trabajo”.

Durante la campaña, Donald Trump usó contra las ciudades santuario el caso de Kathrin Steinle, que fue asesinada en un área turística de San Francisco en 2015 por Juan Francisco López Sánchez, que había sido deportado a México en cinco ocasiones y siempre había vuelto entrar en EEUU. En aquella ocasión, Hillary Clinton también criticó la política de San Francisco -que es también un santuario- , mientras que el Gobierno de Obama echó la culpa al bloqueo republicano de la reforma inmigratoria, que ha creado un caos legal y político. Trump fue quien más lejos llegó al declarar que las ciudades que llevan a cabo esta política se verán desprovistas de transferencias fiscales del Estado federal. San Francisco recibe cada año 1.000 millones de dólares (930 millones de euros) en este concepto.

Por ahora, sin embargo, los ayuntamientos, aunque reconociendo que la pérdida de transferencias sería un problema financiero enorme, se niegan a dar marcha atrás. Toda la controversia, además, amenaza con crear nuevas líneas de fractura en EEUU, donde son las ciudades y los estados demócratas los que generan más actividad económica y los que subvencionan a los estados republicanos, que viven en su mayoría de actividades subvencionadas, como la agricultura, la minería, y el petróleo. A fin de cuentas, Microsoft, Amazon, y Starbucks están en Seattle; Boeing, en Chicago, y la lista de gigantes de Internet que rodea San Francisco es interminable. Pero no hay empresas punteras en Cheyenne, la capital de Wyoming, donde Trump ganó por 30 puntos a Hillary Clinton.

La rebelión es notable porque casi todas las grandes ciudades del país con santuarios, incluyendo a la capital, Washington, que tiene su autogobierno muy limitado por el Congreso. También están en el grupo las mayores urbes de varios de los estados más republicanos, como Salt Lake City, en Utah, y Dallas, Houston, y Austin, en Texas. Hasta Phoenix, en Arizona, es una ciudad santuario, pese a que su ‘sheriff’ fue, hasta estas últimas elecciones, Joe Arpaio, un aliado de Trump, que sostiene que Barack Obama nació en Kenia y que tiene una cárcel que es como un campo de prisioneros de guerra con tiendas de campaña y alambradas para los inmigrantes sin papeles.

Más divisiones
Esta ‘rebelión urbana’ ha acentuado las divisiones en EEUU, un país en el que los demócratas ganan sistemáticamente las grandes ciudades y los republicanos las zonas rurales, una tendencia que lleva produciéndose desde hace dos décadas y que en estas últimas elecciones se ha llevado al extremo. Pero el hecho de que sean las ciudades y no los pueblos los que se alcen contra Washington es nuevo.

Tradicionalmente son los territorios más rurales, sobre todo del Sur y del Oeste, los que reivindican la ‘subsidiariedad’ y los llamados ‘derechos de los estados’ frente al ‘centralismo’ del Gobierno federal. Es un argumento que alcanzó su máxima virulencia con motivo de la esclavitud. Los estados del Sur siguen alegando hoy en día que lo que ellos llaman “la guerra de agresión del Norte” fue un intento centralizador de Washington de violar los derechos de los estados. En este caso, el derecho a tener seres humanos en propiedad. Pero incluso durante la presidencia de Barack Obama los estados del Sur y del Oeste se negaron a aplicar regulaciones del Gobierno federal en materia de inmigración. Es un ejemplo más de la problemática transición que EEUU está viviendo, aunque ayer al menos no hubo sorpresas en el Congreso, donde Paul Ryan, cuyas relaciones con el futuro presidente han pasado de glaciales a cordiales en días, se aseguró continuar en el puesto de presidente de la Cámara de Representantes.

Al margen de la cuestión política, la controversia expone los enormes retos políticos, organizativos, y financieros que representa la política de ‘mano dura’ de Trump con la inmigración ilegal. Y eso incluye hasta los números de los expulsados.

En la campaña amenazó con expulsar a todos los indocumentados, o sea, a unos 11,1 millones de personas. Ahora sólo habla de “los delincuentes o a los que tienen historial delictivo”. Según Trump, “tenemos a muchos de esos, probablemente dos millones, acaso hasta tres millones”. Pero en julio, en su discurso de aceptación de la nominación republicana a la Presidencia, dijo: “Esta noche, hay casi 180.000 inmigrantes ilegales con historial delictivo, cuya deportación ha sido ordenada, merodeando en libertad para amenazar a los pacíficos ciudadanos”. En realidad, basta una regla de tres para ver que 180.000 es el 9% de 3 millones. O sea, que Trump ha amenazado con expulsar a un número ‘X’ de indocumentados… o a 11 veces esa cantidad.

Fuente: El Mundo

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El juez estima que esas palabras suponen la comisión de un delito de calumnias efectuadas con publicidad. “La manifestación de que el teléfono móvil del acusado había sido intervenido durante dos meses por el CNI, y que también está intervenido de la misma manera el teléfono de uno de los periodistas que realizó la entrevista en el periódico EL MUNDO, no cabe duda que constituye una imputación sobre un hecho constitutivo de infracción punible, una imputación delictiva, concreta y determinada”, afirma la sentencia.

El propio CNI ejercía la acusación particular en este caso, representado por la Abogacía del Estado. También la Fiscalía acusaba al pequeño Nicolás.

El juez opta por condenar por calumnias (que consiste en la atribución inveraz de un delito) y descarta la posibilidad de hacerlo por injurias (insultos graves) o por injurias a las Fuerzas de Seguridad del Estado (porque la ley no contempla como tal al CNI).

El delito por el que finalmente se condena permite la llamada exceptio veritatis, es decir, la posibilidad de exonerar al acusado si logra probar que el delito que atribuye se cometió. Eso intentó el pequeño Nicolás al aportar un pendrive con la grabación de una conversación mantenida entre miembros del CNI y el comisario responsable de Asuntos Internos. De su contenido, adujo el acusado, se desprende que los servicios secretos habían pinchado su teléfono sin autorización judicial.

El juez descarta que la grabación pueda servir de prueba para nada. El motivo es que se trataría de una grabación efectuada por un tercero ajeno a la reunión, lo que la convierte en una grabación ilegal. El juez añade que, aunque fuera legal, tampoco probaría que se grabó al acusado. Y aun si se aceptara que así fue, tampoco quedaría clara la responsabilidad del CNI en ello.

Así pues, el juez concluye que el pequeño Nicolás no ha demostrado el delito que atribuyó públicamente al CNI, por lo que debe ser condenado por calumnias. La multa que le impone es de 12 meses (360 días) a razón de 12 euros al día, lo que arroja la suma de 4.320 euros. La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial.

Fuente: El Mundo

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Rajoy ha desvelado esos contactos, de los que no ha dado detalles, en declaraciones a los periodistas en Santiago de Compostela tras asistir al acto de toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta.

Estas han sido las primeras declaraciones del presidente del Gobierno desde que fue investido el pasado 29 de octubre y tras la formación de su nuevo Ejecutivo, cuyos ministros ha explicado hoy que ha elegido porque cree que son los mejores.

Respecto a las negociaciones para la aprobación de los presupuestos, ha informado de que, además de sus contactos, también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha reunido con dirigentes de otros partidos con el mismo fin y que igualmente lo han hecho ya varios ministros con diputados de otros partidos competentes en sus áreas respectivas. ”Estamos hablando con todo el mundo. Lógicamente lo haremos más intensamente con aquellos que tienen más predisposición a apoyar los presupuestos”, ha recalcado antes de reconocer: “Sí, yo ya he tenido alguna conversación”.

Pero no ha informado de quiénes han sido sus interlocutores aparte de la conocida charla que mantuvo hace unos días con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Rajoy ha señalado que este tipo de diálogo será lo normal a partir de ahora y que lo primero que ha de lograrse con ello es la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad. ”Se trata de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan elaborar unos buenos presupuestos y atender a los servicios públicos, y ya un poco más adelante vendrán los presupuestos”, ha manifestado el presidente. Y ha reiterado: “Esta debe ser la legislatura del diálogo, en la que todos hablemos y, si es posible, acordemos”.

Al ser sus primeras declaraciones tras formar el nuevo Ejecutivo, los periodistas le han pedido que explicara los motivos por los que ha elegido a sus ministros y por qué ha prescindido de otros, como José Manuel García Margallo o Jorge Fernández. ”Yo he nombrado a los ministros que he nombrado porque creo que son los mejores. No hay más criterio que el mérito y la capacidad”, ha explicado antes de asegurar que él es el primer interesado en que las cosas vayan bien en España. Y a renglón seguido, el presidente ha señalado: “Espero haber acertado”.

Montoro presentará en “días” el techo de gasto

Mientrastanto, en Córdoba, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha insistido en que su “objetivo inmediato” es la elaboración de los PGE para 2017, desde el entendimiento con otras fuerzas políticas y, para ello, en “pocos días” presentará “el techo de gasto”, señalando que España va a “cumplir con Europa” en materia de déficit público, lo que implicará que las comunidades autónomas tendrán que “adaptar” también sus previsiones.

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